I. ANTECEDENTES

Como lo hemos sostenido[1], la problemática ambiental ha sido asumida por la humanidad en tiempos relativamente recientes, teniendo hoy trascendencia planetaria, pero como fenómeno social es contemporáneo, porque surge en los años cincuenta. En efecto, los primeros pasos para institucionalizar la protección del medioambiente fue la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de Recursos, reunida en Nueva York, en 1949. Otro evento fue la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre Bases Científicas para el Uso Racional de los Recursos de la Biosfera, reunida por la UNESCO en París, en 1968. Sin embargo, el impulso que dio comienzo al tratamiento orgánico a nivel internacional de los problemas de conservación del ambiente, fue la Resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas, preparatoria de la Conferencia de Estocolmo, en 1968.

La institucionalización de la protección ambiental en su cabal sentido ecológico y cultural fue la CONFERENCIA DE ESTOCOLMO SOBRE MEDIO HUMANO, realizada  en 1972. Allí se enunció que: “El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad de vida le permita vivir con dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

Desde esa Conferencia, el tratamiento jurídico de los problemas ambientales ha venido siendo legislados en las Constituciones Políticas de los Estados, por lo que se puede decir que existe un proceso de constitucionalización de los intereses ambientales. A decir de Caro Coria[2]ello se debe a la creciente preocupación que el ambiente generó en las esferas políticas como fruto de la reacción social nacional e internacional de los movimientos ambientalistas, quienes estuvieron presentes en la Conferencia de Estocolmo.

En el caso particular del Perú, nuestra Constitución Política de 1979[3], tenía un Capitulo referido a los Recursos Naturales, en cuyo artículo 123º estipulaba que: “Todos tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente”.

Acorde con tales preceptos, en la década pasada, el derogado Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales[4] se constituyó en la norma principal y ordenadora de la política nacional del ambiente, cuyo artículo 1º del Titulo Preliminar estatuía que: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente”.

Hoy, con la Ley General del Ambiente, se ha incorporado tal derecho, con algunas modificaciones, conforme se puede comprobar del texto siguiente: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”.

El Código del Medio Ambiente, de gran relevancia para la época, regulaba aspectos no abordados por la legislación penal, al tipificar en el Capitulo XXI los Delitos y las Penas (Artículos 119º al 127º), delitos por los cuales se era pasible de penas de prisión y multas, así como de clausura temporal o definitiva de establecimientos causantes de la contaminación o del deterioro ambiental que, no obstante su importancia, fueron dejados sin efecto por el Decreto Legislativo Nº 757[5].

La actual Constitución Política de 1993[6], si bien en el Capítulo II del Título III Del Régimen Económico, trata del Ambiente y los Recursos Naturales, ninguno de sus articulados está referido a la protección del medioambiente, a excepción de lo estipulado en el numeral 22 del artículo 2º que garantizan a vivir en un ambiente saludable al disponer que: “Toda persona tiene derecho: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como al gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional[7] ha sostenido que: “El derecho a gozar de ambiente equilibrado y adecuado se traduce en la obligación del Estado, pero también de los propios particulares, de mantener las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente”.

II.   DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida humana se encuentra protegido de manera absoluta en nuestro ordenamiento jurídico, pues constituye el primer gran derecho de la persona humana, por cuanto así lo establece la Constitución Política cuando dispone, en el artículo 2º, numeral 1 que: “Toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”.

El Derecho a la vida es el bien supremo que goza toda persona humana y que por su significado, naturaleza e importancia es protegido jurídicamente por el Estado. Sin embargo, es preciso hacer mención que la protección de la vida humana no rige de manera absoluta, pues existen excepciones, como son las denominadas causas de justificación y el estado de necesidad exculpante. Igualmente, nuestra propia Constitución establece en el artículo 140º, la pena de muerte sólo para los Delitos de Traición a la Patria en casos de guerra y el de Terrorismo, conforme a las leyes y Tratados de los que el Perú es parte obligada.

El ordenamiento jurídico penal también ha reconocido el carácter absoluto del derecho a la vida, ya que el Código Penal[8] inicia el Capítulo Primero del Libro Segundo con los ilícitos penales que atentan contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. En igual sentido, el Código Civil[9] reconoce esta protección cuando señala, en su artículo 5º, que: “El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión”.

La protección de la vida humana no sólo se encuentra amparada en nuestra Carta Magna y leyes nacionales, sino también se encuentra consagrada en diversos instrumentos jurídicos internacionales referentes a los Derechos Humanos, entre los cuales están: El Tratado de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea sobre Derechos Humanos.

Sobre el punto, el Tribunal Constitucional[10] ha establecido que: “Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos”.

III.  LEGISLACION PENAL

Los tratadistas dicen que el delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia socioeconómica, al atentar contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, además de poner en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre – espacio. En tal sentido, podemos afirmar que el bien jurídico protegido por el derecho penal es el “medioambiente”

Sobre la base de ese contenido, es preciso destacar que el medioambiente se concibe como un bien jurídico de naturaleza universal[11], dado que su titular viene constituido por toda la sociedad, y autónomo, en la medida en que la importancia del medioambiente justifica por sí sola la necesidad de garantizar su integridad de agresiones futuras, sin que para ello haya que vincularlo a la previa puesta en peligro de otros bienes jurídicos, conectados directa o indirectamente con el medioambiente, tales como la salud o la vida de las personas.

El carácter esencial de estos elementos de la naturaleza justifica la necesidad de una intervención estatal en orden a su protección, la cual se ha articulado desde diversos frentes, siendo el recurso al Derecho Penal el último peldaño en la escala de medios garantizadores del medioambiente, tal y como impone el principio del Derecho Penal como la última ratio.

El Derecho Penal, en cuanto instrumento protector del ambiente, es auxiliar de las prevenciones administrativas, que también tiene nuestro ordenamiento jurídico para sancionar las conductas de efectos negativos para el entorno en general. Consecuentemente, solo deben aplicarse sanciones penales en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro sector, o bien porque la gravedad del hecho cometido denuncia como inoperantes otras medidas que no sean las penales.

Siguiendo las modernas tendencias penales, el Código Penal[12] peruano tenía un Título denominado “Delitos contra la Ecología”, que rompía con la terminología que se sustentaba en la Constitución y que después retomaba en el Capítulo Único de este Título (“Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”). Esa denominación, suponía una ruptura con la terminología constitucional, careciendo de falta de rigor en la medida en que con el término “ecología” se aludía a una realidad sectorial abarcada por los conceptos de recursos naturales y medioambiente, con lo que se devenía en cierta confusión a la hora de definir en sus límites exactos cuál era el verdadero objeto de protección en estos conceptos penales.

A efecto de enmendar el error anotado, la Ley Nº 29263[13] modificó el Título XIII del Código Penal, denominado “Delitos contra la Ecología” por “Delitos Ambientales”, incorporando nuevos Capítulos que regulan ampliamente los ilícitos contra el medioambiente.

Con la finalidad de brindar una noción de las modificaciones insertadas en el Código Penal, seguidamente hacemos una sucinta referencia a los Capítulos y artículos integrantes del Título XIII del Código Penal, aunque se recomienda la lectura integral de los artículos respectivos:

TITULO XIII
DELITOS AMBIENTALES
 
CAPÍTULO I
DELITOS DE CONTAMINACIÓN

El Capitulo I, que está conformado por los artículos 304º al 307º, prohíbe infringir la legislación o límites máximos permisibles, realizando descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, marítimas o subterráneas que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Se tipifica las formas agravadas, se prohíbe establecer vertederos o botaderos de residuos sólidos que perjudique gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, así como la alimentación de animales destinados al consumo humano con esos residuos y la prohibición de ingresar al territorio nacional, sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente. En todos los casos, hay pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años, dependiendo del delito cometido, además de días-multa.

 CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

 En este Capítulo, que contiene los Artículos 308 al 313, se prohíbe el tráfico ilegal de flora, y fauna silvestre, el tráfico de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, la extracción ilegal de especies acuáticas sin contar con la autorización de la autoridad competente, la depredación de la flora y fauna silvestre protegida, el tráfico ilegal de recursos genéticos, la destrucción de los bosques o formaciones boscosas, el tráfico ilegal de productos forestales maderables, así como la obstrucción de las investigaciones, auditorías, la utilización indebida de tierras agrícolas, y la alteración del ambiente natural o el paisaje urbano mediante la construcción de obras o tala de árboles. En todos los casos enunciados, hay pena privativa de la libertad no menor de tres años ni mayor de diez años y  días-multa.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL E INFORMACIÓN FALSA

El Capitulo, que lo conforman los artículos 314º, 314-A y 314-B, señala la responsabilidad del funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, falta gravemente a sus obligaciones autorizando o se pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento o renovación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de una obra o actividad ilegal.

También penaliza la conducta de los representantes legales de las personas jurídicas a que se refiere el presente el artículo, así como a quien suscriba o realice estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo forestal u otro documento de gestión forestal, en los que se incorpore o avale información falsa o inexacta. La pena es privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS CAUTELARES Y EXCLUSIÓN O REDUCCIÓN DE PENAS

El Capítulo, que está integrado por los artículos 314-C y 314-D, faculta al Juez a disponer la suspensión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria, así como otras medidas cautelares que correspondan, también puede disponer la incautación previa de los especímenes presuntamente ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del presunto ilícito. Asimismo, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, debe ordenar el allanamiento o descerraje del lugar donde presuntamente se estuviere cometiendo el ilícito penal.

La norma también dispone se beneficie en la sentencia, con reducción de pena, tratándose de autores, y con exclusión de la misma, a los partícipes de los ilícitos penales, siempre y cuando proporcionen información veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito ambiental que:

  1. Evite la comisión del delito ambiental en el que interviene.
  2. Promueva el esclarecimiento del delito ambiental en el que intervino.
  3. La captura del autor o autores del delito ambiental, así como de los partícipes.

El beneficio establecido en el presente artículo deberá ser concedido por los Jueces con criterio de objetividad y previa opinión del Ministerio Público.

Otro hecho relevante en la penalización de los delitos ambientales, no solo es su tipificación y severidad en las penas, sino también el establecimiento de un prerrequisito para poder entablar denuncia penal. La modificación del artículo 149º de la Ley General del Ambiente[14], estipula que en las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título XIII Delitos Ambientales, será una exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del Fiscal Provincial o Fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. Este informe debe ser merituado por el Fiscal o por el Juez, al momento de expedir la resolución correspondiente. El indicado informe debe emitirse dentro de un plazo no mayor de 30 días, bajo responsabilidad.

Si la denuncia es desestimada, el Fiscal está facultado para formular denuncia por el delito de Denuncia Calumniosa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


[1]       Grau, Santiago (2008), Revista Actualidad Gubernamental, El Medioambiente y su Protección, Año I, Nº 1, pág. XI-3 y XI-4.

[2]       Caro Coria, Dino Carlos (1999) Derecho Penal del Ambiente, Delitos y Técnica de Tipificación, Gráfica Horizonte S.A., pág. 62-63.

[3]       Ministerio de Justicia (2005) Colección Constitucional Peruana Tomo I, Primera Edición Oficial, pág. 174-175.

[4]       La promulgación de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, derogó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado por Decreto Legislativo Nº 613.

[5]       El Capítulo XXI De los Delitos y la Penas, y el Capítulo XXII del Sistema Nacional del Ambiente, fueron derogados por el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión privada de fecha 08-11-91.

[6]       Ibídem, Colección Constitucional, pág. 294-295.

[7]       Gaceta Jurídica (2006) La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0048-2004-AI, Fundamento Jurídico 9, pág. 161.

[8]       Gaceta Jurídica (2007) El Código Penal en su Jurisprudencia, pág. 191.

[9]       Gaceta Jurídica (2007) El Código Civil en su Jurisprudencia, pág. 35-38.

[10]     Ibídem, La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 2945-2003-AA/TC, Fundamento Jurídico 7, pág. 36.

[11]     Hormazábal Malaree (1992) “Delito Ecológico y función simbólica del Derecho penal, en Delito Ecológico” Coord. Juan Terradillos Basoco, Editorial Trotta, Madrid, pág. 53, quien lo incluye dentro de los bienes jurídicos colectivos, referido al funcionamiento del sistema, semejante a la salud pública, la seguridad colectiva o la fe pública.

[12]     El Código Penal fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 635 de fecha 03-04-1991.

[13]     Normas Legales, Diario Oficial El Peruano de fecha 02-10-2008, pág. 380715-380719.

[14]     La Ley Nº 29263, modifica diversos artículos del Código Penal, así como el artículo 149º de la Ley General del Ambiente, precepto que podría evitar falsas denuncias  (Diario Oficial El Peruano de fecha 02-10-08).