I. GENERALIDADES

La palabra partido[1] significa: “Franco, liberal y que reparte con otros lo que tiene”; “Conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa”. La palabra político[2] proviene del latín politicus y significa: “Perteneciente o relativo a la doctrina política”; “Perteneciente o relativo a la actividad política”; “Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado”.

Cabanellas[3] define al partido político como: “Agrupación que aspira al gobierno o dominación del Estado, o que ejerce el uno o la otra, con ideas o programas más o menos definido y leal para cada empresa”.

Los entendidos coinciden en que muy poco se sabe sobre el nacimiento u origen de los partidos. Olmedo[4] nos refiere que para Michels[5], el nacimiento ocurrió durante la Revolución Francesa (1789), porque el pueblo peleaba contra de la oligarquía de la monarquía absoluta. Sostiene que los partidos buscaban erradicar la imposición de la voluntad de un solo individuo, influenciado por la nobleza y el alto clero, en algunos casos, sobre la voluntad general. Agrega que esos clubes políticos, como se les llamada a fines del siglo XVIII, y facciones políticas durante la mitad del siglo XIX, carecían de planes estructurados y de una organización bien definida que les permitiera actuar  de manera ordenada.

 Para Marcial Rubio[6] los partidos fueron: “(…) concebidos hasta el siglo XVIII como facciones o sectas intolerantes, herederas del sectarismo religioso de los siglos XVI-XVII; de aquí que, el término partido expresara la idea de partición y división en mérito de lo cual, desde Maquiavelo y hasta Stuart Mill, los pensadores políticos, en general, eran contrarios a la existencia de los partidos; por cuanto, entendían que el gobierno de los partidos terminaba siempre en el gobierno de las facciones y dado que los partidos surgían de las pasiones y de los intereses y no de la razón ni de la equidad, se consideraba que los partidos socavaban y ponían en peligro la unidad de la nación”.  

 Se dice que fue Ostrogorski[7] quien tuvo la primera explicación de las causas del surgimiento de los partidos políticos (inglés y norteamericano) y quien estableció una aguda crítica hacia las formas organizativa al estimar que no tenían carácter democrático. Fue el primero en advertir, en un sentido casi premonitorio, todas las imperfecciones, desviaciones y peligros de los partidos. Cuestionó a los partidos por ser organizaciones colectivas permanentes, rígidas, corruptas y tiranas. Él proponía en lugar de partidos rígidos, partidos temporales; en vez de oligarquías, dirigencias que pudieran variar de acuerdo con los fines y los participantes en su formación; en vez de masas manipuladas por sus líderes, militantes activos y participativos en la búsqueda de una solución a un problema concreto; en lugar de grandes y ambiguos programas de partido (los llamados programas ómnibus, que supuestamente tienen en la recámara una solución  para todos los problemas), posicionamientos especializados sobre fines particulares; en lugar de financiamiento estatal, autonomía financiera con base en recursos de los militantes; en vez de individuos distantes de la forma de gobierno democrática (producto del protagonismo de los partidos), ciudadanos prestos a la participación por la necesidad de resolver sus problemas a partir de su propia organización.

Ostrogorski sostenía que: “El sistema de partidos, revestidos de la forma de elección, popular y asociación, aparecían como un estallido deslumbrante de principios democráticos, cuando lo que ocurría era todo lo contrario, no prevalecía una razón democrática, sino el uso de los sentimientos para ganar adhesiones. La sin-razón era revestida de procedimientos democráticos de elección”. 

Favela y Martinez[8] señalan que el origen de los partidos políticos fue abordado por Duverger en su obra “Los Partidos Políticos”, en la que postula que su inicio estaba ligado a dos fenómenos de primera magnitud: los grupos parlamentarios y los comités electorales y que bastaba “con que una coordinación permanente se establezca entre éstos y que lazos regulares los unan a aquellos, para que nos encontremos frente a un verdadero partido político”.    

Según Emmerich[9], el nacimiento de la política como actividad ciudadana, tuvo su origen en el pensamiento político, en la reflexión sistemática sobre los fines y organización de la sociedad, el Estado y el gobierno. Dice que ese pensamiento político va a asumir tres vertientes principales que son: el discurso político, pensamiento que procura congregar voluntades para alcanzar metas colectivas concretas. Un ejemplo de ese discurso es la Oración fúnebre pronunciada por Pericles (495-429 a.C.), en donde exalta los ideales de la democracia y la vida cívica de su ciudad.

La segunda es la filosofía política, pensamiento sobre el ser humano, el Estado y la sociedad que intenta establece la mejor forma posible de gobierno, partiendo de premisas filosóficas sobre los fines y valores de la vida en sociedad. Esta filosofía se interesa por el fundamento y la razón de ser del cuerpo político, por las metas que debe perseguir, por el tipo de ciudadano, el Estado y sociedad que se debe querer; por el buen uso del poder y del gobierno. Un ejemplo vendría a ser La República, obra de Platón (428-427 a.C.)

La última es la Ciencia política, a la que conceptualiza como una ciencia de verificabilidad que investiga las formas realmente existentes de gobierno, procurando describir y explicar la realidad fáctica del gobierno y de las acciones y luchas que en torno a él se libran. Señala que un precursor fue Aristóteles, quien en su obra La Política, investigó las constituciones de más de 150 polis de su época, y concluyó en que no hay una única mejor forma de gobierno, porque esta depende estrechamente de las características del pueblo y ciudad a gobernar.

Ware[10] estima que los partidos surgieron a partir de dos fuentes originarias:

  1. Desde el interior de un sistema legal (como en el caso de los conservadores británicos).
  2. A través de la movilización de grupos y clases sociales que no se veían representados en estos sistemas legales y que querían defender sus propios intereses (el Partido Laborista británico sería un ejemplo).

Añade que en los Estados Unidos de Norteamérica, ya desde mediados de 1830 existían partidos con un formato reconociblemente moderno, algo que solo ocurrió en las democracias europeas en las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX.

Finalmente, podemos citar a Duverger[11], para quien los partidos políticos modernos vienen a ser un fenómeno que se habría iniciado a mediados del siglo XIX, porque es a partir de 1850 que se puede apreciar su estructura, organización y objetivos relativamente similares a los actuales. Sostiene que “El desarrollo de los partidos parece ligado al de la democracia, es decir a la difusión del sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias”. 

II. ASPECTO LEGAL

Nuestro país, al igual que la mayoría de países del mundo ha transitado grandes conflictos para poder institucionalizar la existencia de los partidos políticos. Tuesta[12] nos refiere que después de la Segunda Guerra Mundial la tendencia a constitucionalizar los derechos políticos fue en aumento y que en América Latina ocurre a partir de los años setenta. Hoy casi todas las Constituciones políticas del mundo tienen ese reconocimiento.

Explica que en el Perú, la primera vez que se hizo referencia a los partidos políticos fue en la Ley Electoral de 1896; que fue en la Constitución Política de 1933 donde se constitucionaliza, aunque la relación Estado-partidos políticos transitó por un largo y conflictivo recorrido de antagonismo, ignorancia, legalización e incorporación constitucional.

Añade que los partidos que intentaron canalizar sus demandas, con claro tinte antioligárquico, se convirtieron, en un sentido, en partidos antisistema. Por ello es que la elite oligárquica no solo reprime al Partido Aprista Peruano (PAP) y al Partido Comunista Peruano (PCP), sino que, en virtud de lo establecido en el artículo 53° de la Constitución de 1933, también constitucionaliza su exclusión del sistema político. El citado artículo, taxativamente disponía:

“Artículo 53.- El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política”.

Reseña que dos años antes, el PAP había obtenido, en elecciones parcialmente competitivas, alrededor de un tercio de los votos. De esta manera, dichos partidos no pudieron participar en las elecciones generales de 1936 (anuladas), 1939, 1945, 1950, 1956. A pesar de que ambos partidos participaron en las elecciones de 1962, 1963 y las municipales de 1963 y 1966, el artículo 53 no fue suprimido, sino hasta la Constitución de 1979.

En efecto, la Constitución Política de 1979, en el artículo 64.° suprime toda mención a la prohibición de participar en la vida política del país. El artículo estipulaba:

“Los ciudadanos tiene el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en comicios periódicos, y de acuerdo con las condiciones determinadas por la ley:

Es nulo y punible todo acto por el cual se prohíbe o limita al ciudadano o partido intervenir en la vida política de la Nación”.

En cuanto a la importancia de los partidos políticos, la Constitución, en el artículo 68.° preceptuaba:

“Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son instrumento fundamental para la participación política de la ciudadanía. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respecto a la Constitución y la ley.

Todos los ciudadanos con capacidad de voto tienen derecho de asociarse en partidos políticos y de participar democráticamente en ellos”.

Para tener una idea de la relevancia de eliminar toda restricción a la libre participación de los ciudadanos en la vida política del país, Haya de la Torre[13], al asumir el cargo de Presidente de la Asamblea Constituyente, refiriéndose al artículo 53° de la Constitución de 1933, dijo: Y si en la Constitución de 1933 se colocó un artículo con el expreso propósito de excluir de sus derechos políticos a quienes profesaban el ideal de la integración continental, en la Carta Política que elabore esta Asamblea, habrá de aparecer el artículo que nos reconozca como parte integrante del pueblo–continente indoamericano. Este solo cambio ilustra sobre la magnitud de la evolución consumada y de las profundas diferencias que median entre una época de predominio dictatorial y oligárquico y otra de despertar y presencia del pueblo, como tal, no admite condicionamiento”.

Haya también acotó“Una constituyente no legisla para un partido político, ni para un sector, sino para el pueblo (…) si la defectuosa Constitución de 1933, con un obsoleto estilo y espíritu, es la última constitución del siglo XX; la que se dicte ahora deberá ser la primera constitución del siglo XXI”:

Nuestra vigente Constitución Política[14], en el Capítulo de los Derechos Políticos y los Deberes, regula la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones políticas. El artículo 31.° establece:

“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.

El artículo 35.°, referido a las organizaciones políticas, dispone:

“Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.

La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado  electoral general.”

Acorde con nuestra Carta Magna, por Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos[15], se reguló la constitución, fines y objetivos, reconocimiento e inscripción en el Registro de organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones[16], reconocimiento de los Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local, la democracia interna (elección de candidatos, presentación del Plan de Gobierno y su publicación, modalidades de elecciones), el financiamiento (público y privado), las sanciones y la franja electoral.

Tal norma, en su artículo 1.° define a los Partidos Políticos como:

“Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático.

Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley.

La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley.”

Sobre la Ley, Tuesta[17] nos dice que: “Se trata de una norma que exige una presencia y vida real de los partidos políticos, otorgándoles derechos de los que antes carecían, pero también obligaciones que tampoco tenían antes. El objetivo es claro y declarado: la norma debe crear las condiciones para la constitución y fortalecimiento de un sistema democrático de partidos”.

En cuanto a la declaración de ilegalidad de los partidos, agrega que: “Otras instancias que intervienen en el tema de los partidos políticos son la Corte Suprema de Justicia, que a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. Asimismo, dentro del marco de sus facultades, el Tribunal Constitucional podrá atender y resolver las demandas de inconstitucionalidad que puedan derivar de la aplicación o el ejercicio de las leyes por parte de las instituciones del Estado[18]”.

La Ley, como toda norma, no es del todo perfecta, pero si queremos que los ciudadanos participen cada día más en política, es necesario mejorarla al punto de hacer transparente y confiable el accionar de los partidos políticos. En ese contexto, estimo que debe mejorarse lo relacionado con los requisitos para la inscripción de los partidos políticos (Artículo 5.°), la legalidad del Acta de Constitución de Comités (Artículo 8.°), la democracia interna (Artículo 19.°), el funcionamiento del órgano electoral (Artículo 20.°), la obligatoria participación de la ONPE en el acto electoral (Artículo 21.°), la transparencia en modalidad de elección de los candidatos (Artículo 24.°), la fiscalización del financiamiento público y privado (Artículos 29.° y 30.°) y la imposición de severas sanciones, incluida la anulación de la inscripción como partido político (artículo 36.°).

III. IMPORTANCIA

De acuerdo con Ware[19], podemos decir que resulta difícil imaginar que en los Estados contemporáneos pueda existir una política sin partidos, pese a que en muchos países, incluido el nuestro, existe una gran desconfianza hacía los partidos y hacia los políticos debido a los actos de corrupción en que caen cuando son gobiernos. Los siguientes Cuadros pueden darnos una idea de la confianza y afinidad del público con los partidos políticos:

Coincido con Payne[20]cuando precisa que los partidos políticos constituyen un elemento indispensable para el funcionamiento de la democracia y que toda democracia moderna gira en torno a un sistema de partidos, aunque si revisamos nuestra historia, podemos afirmar que, desde que asumimos en 1823 la forma Republicana, hemos tenido 53 años de democracia y 129 de dictadura, autocracias y pseudo democracias. Pese a ello, debemos reconocer que no hay mejor sistema que el sistema actual.

Precisamente, sobre las democracias occidentales, Aranda[21] arguye que los partidos políticos han jugado históricamente un rol fundamental, al cumplir varias funciones vitales asociadas a la representación política, el ordenamiento y estructuración de la competencia política, la institucionalización y canalización de las demandas desde la sociedad hacia el poder político, el procesamiento del conflicto político-social y la formación de gobierno; lo cual hace que los partidos sean inevitables en el gobierno representativo y la democracia impensable si no es en términos de partidos políticos.

Sobre el punto, Pinto[22] agrega que en los países andinos hay diversos movimientos sociales que han emergido con el denominador común de la movilización y representación efectiva de sectores social y étnicamente excluidos de la vida política y que estos grupos constituyen la expresión máxima de un sentimiento -generalizado entre los latinoamericanos- de desconfianza hacia las instituciones políticas, tanto en su capacidad representativa, como en su capacidad de resolver problemas concretos como la salud, educación y la seguridad ciudadana, aunque resalta que la importancia de la política y de los partidos reside más que nunca en la combinación de representatividad e institucionalidad.

Bodemer[23], reconociendo la crisis que hoy afecta a los partidos políticos, manifiesta que estos mantienen una importancia fundamental en la vida democrática latinoamericana y que una mirada comparada evidencia que ahí donde la democracia ha logrado mantenerse y ser sustentable, existe un sistema de partidos políticos sólidos y viceversa. Aduce que la democracia se funda, se fortalece y se reproduce junto con la consolidación de un sistema institucionalizado de partidos.

Hernández[24] añade que la constitucionalización de los partidos políticos, no viene a ser sino una manifestación y, al mismo tiempo, un reconocimiento en el plano institucional de la importancia y universalidad actuales que ha adquirido el fenómeno partidista, lo cual es fácilmente comprobable en las democracias contemporáneas que, no en vano, han sido a veces denominadas Estados de partidos. Añade que con este reconocimiento formal constitucional se pone efectivamente a funcionar el modelo de Estado democrático, conocido como el Estado de partidos. Dice que en los modernos Estados, los partidos políticos desempeñan un papel central en la mediación representativa, además de realizar la transformación eficiente de la voluntad popular.

Cotler[25]respecto a la crisis de los partidos, nos refiere que cuando se habla de crisis de los partidos políticos se está hablando de que no existe pedagogía política. Aquello podría deberse a la calidad de la educación en el Perú, que afecta a la cultura cívica por lo que, en opinión de Agenda Perú[26] muchos no estarían en capacidad de participar activamente en la vida política, económica, social y cultural del Perú.

Sobre la carencia de educación cívica, Cedeño[27] nos advierte que: “Los pueblos con inmadurez cívica y política son terreno propicio para que los demagogos, anarquistas y sus consecuentes doctrinas, sorprendan las ingenuas, cursis e ignorantes conciencias políticas de los ciudadanos, llevándolos al ofuscamiento, a la confusión ideológica y a los fracasos político-administrativos”.

Sentencia que “El civismo contiene todas las enseñanzas para que los hermanos conciudadanos de un pueblo aprendan a mantenerse unidos, siempre unidos, sin permitir jamás que nadie rompa esa unidad, con cizañas, odios y malevolencias que sólo conducen a la lucha fratricida que no es más que la caída en el abismo de las pasiones políticas. El hecho de tener diferencias de criterios políticos no debe ser jamás causa de discordias entre los hermanos conciudadanos. Porque si esto sucede serán fácilmente sojuzgados y oprimidos por los demagogos o políticos que aprovecharán la mar revuelta de dichas pasiones[28]

Obviamente, para Cedeño el “Político es y deberá ser siempre el hombre que ante el llamado insonoro de las necesidades públicas de la ciudadanía, ante la problemática imperante de su época y las circunstancias de su pueblo, responderá con comprometida solidaridad, concibiendo fórmulas ideológicas, jurídicas, y elaborando planes socioeconómicos y tecnológicos así como urbanísticos que, por medio de la administración pública, le sea permitido para aliviar los males de su pueblo, gestionando la promulgación de leyes, normas y partidas presupuestales que determinen la realización y consecución de los cambios necesarios en el ordenamiento social, de tal manera que beneficien a las mayorías sin detrimento del derecho justo de las minorías[29]”.

En cuanto al gobernante, expresa que “El gobernante de un país (entiéndase por gobernante a todo el gobierno en sí) puede ser para su pueblo tres cosas: Un padre, un padrastro o un padrino. Si es un padre, no hará distingos entre sus hijos, porque todos son su pueblo, connacionales por entero, no unos más que otros. Como buen padre ejercerá su protección justiciera tratando de armonizar la convivencia del hogar patrio, repartiendo los derechos de acuerdo con las capacidades y las responsabilidades demostradas por cada hijo, en el afán de preservar la unidad, el progreso y la paz de la familia nacional”.

Finalizando, podemos añadir que los partidos y los políticos devienen en necesarios para gobernar la hacienda pública, no solo porque así lo establece nuestra Carta Fundamental, sino también porque el sistema democrático es preferible a cualquier otro sistema de gobierno, máxime si el Perú ha sufrido, por más de dos décadas, de la demencia de un grupo político que quería implantar la dictadura del proletariado.

Ojalá que estas terroríficas vivencias promuevan la reflexión de nuestros políticos para que, entendiendo su responsabilidad cívica, coadyuven a erradicar aquel viejo estigma que nos legaron los Incas de “Ama sua”, “Ama kella” y “Ama llulla”. La no existencia de esa negatividad es un reto de todo el pueblo peruano. Es un deber que tenemos para con las futuras generaciones.

(*)  SANTIAGO GRAU LEON, abogado, escritor, con estudios de Doctorado en Derecho y Maestría en Gestión Municipal y Desarrollo Local. Actual Asesor Legal de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

 


[1]     Real Academia Española (2001) Diccionario dela Lengua Española, Tomo 8, Vigésima Segunda Edición, España, pág 1146.

[2]     Ibídem, pág. 1219.

[3]     Cabanellas, Guillermo (1998) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 24 Edición, Editorial Heliasta ARL, Argentina,

[4]     Olmedo Estrada, Juan Carlos (2006) México: Crisis y oportunidad. Lecturas acerca de la estructura política, económica, social y contemporánea, Editorial Pearson Educación de México, pág. 3-6.

[5]     Robert Michels (1876-1936), sociólogo alemán,  autor del libro “Los Partidos Políticos”. 

[6]     Rubio Correa, Marcial (1997) Ley de Partidos Políticos: Las Reglas que nadie quiso aprobar,  Fondo Editorial de la PUCP, pág. 42-43.

[7]     Moisei Ostrogorski (1854-1919), político ruso, autor del libro “La democracia y los partidos políticos”. 

[8]     Favela Alejandro – Martínez Pablo (2003) México, ciudadanos y Partidos Políticos al inicio del siglo XXI, Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades,  pág. 54.

[9]     Emmerich, Gustavo Ernesto (2007) Tratado de Ciencias Políticas, Anthropos Editorial, España, pág. 18-20.

[10]    Ware, Alan (2004), Partidos Políticos y Sistemas de Partidos, Ediciones Istmo SA, Madrid, pág. 42.

[11]    Duverger Maurice (1957) Los Partidos Políticos, Fondo de Cultura Económica México-Buenos Aires, pág. 13.

[12]    Tuesta Soldevilla, Fernando (2008) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, Universidad Autónoma de México, International Idea, pág. 767-769.

[13]    Haya de la Torre, Víctor Raúl (1895-1979), pensador y político peruano. Fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). En 1978, presidió la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución Política de 1979.

[14]    Elaborada por ese remedo de Congreso Constituyente Democrático, impuesto por el dictador Alberto Fujimori, y supuestamente aprobada mediante Referéndum en el año 1993. Ver “La Constitución Comentada Artículo por Artículo” (2005), Tomo I, Gaceta Jurídica, pág. 623-625.

[15]    La Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial El Peruano de fecha 01 de noviembre de 2003.

[16]    El Jurado Nacional de Elecciones, según el Artículo 178° de la Constitución Política, conforma el Sistema Electoral. Su atribución es fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares, además de administrar justicia en materia electoral y proclamar a los candidatos elegidos, entre otras funciones.

[17]    Tuesta, Ob. cit. pág. 771.

[18]    Tuesta, Ob. cit. pág. 773.

[19]    Ware, Ob. cit. pág. 25.

[20]    Payne, J. Mark (2006) La Política Importa, Democracia y desarrollo en América Latina,  publicado por el BID y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, pág. 165.

[21]    Aranda, Gilberto, López Miguel, Salinas, Sergio (2009) Del Regreso del Inca a Sendero Luminoso, Violencia y política mesiánica en Perú, RIL Editores, Santiago de Chile, pág. 186.

[22]    GIGA/BID/REDGOB/Plural Editores (2007), Gobernabilidad y Reforma Política en América Latina y Europa, La Paz, Bolivia, pág. 280.

[23]    GIGA/BID, Ob. cit. 307.

[24]    Hernández Bravo, Juan (2003), Curso de Partidos Políticos, Capítulo I, La Delimitación del Concepto de Partido Político, Ediciones Akal, SA, Madrid, pág. 13-14.

[25]    Cotler, Julio, “Ollanta Humala está atenazado”, diario La República de fecha 08 de julio de 2012.

[26]    Agenda Perú (2000), Perú, Agenda y Estrategia para el Siglo XXI, pág. 121.

[27]    Cedeño Araujo, Claudio Javier (1936-2011) místico y filósofo peruano. Creador de la Doctrina Septriónica, aquella que releva una nueva cosmovisión de la naturaleza de Lo Dios y de sus leyes universales. Tomado de “Mensaje de Saludo al Septrionismo en el Sexto Aniversario de su Fundación”, Lima, 1974, pág. 18

[28]    Cedeño, Ob. cit. “El Estado, El Pueblo y El Estado-Gobierno, pág. 27-28.

[29]    Cedeño, Ob. cit. “La Política y la Demagogia”, pág. 18.