I.  ANTECEDENTES

Se dice que “nuestro pueblo, desde las épocas preincaicas, mantuvo relaciones armónicas con la Naturaleza. Para los antiguos peruanos la pachamama (tierra) era objeto de respeto y veneración. Los recursos naturales eran, hasta cierto punto, parte de sus deidades, que les permitían la vida. Existía un encadenamiento de ley natural de uso racional de los recursos de la naturaleza, como parte de una estrategia de sobrevivencia.  Por ello, hay una tradición de vivencia ecológica en el Antiguo Perú, que ha perdurado en nuestras comunidades campesina y nativas[1].

También se dice que a nivel popular existía respeto por los recursos naturales; en cambio, los gobernantes no tenían mayor interés, salvo el explotarlos con el simple criterio de enriquecimiento. El despertar conservacionista recién se da en el siglo XX, que tomó mayor auge a partir de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), donde se firmó el Convenio de Diversidad Biológica. 

La preocupación por el medioambiente es de antigua data. Desde que el hombre tomó conciencia de los daños que podía ocasionar al entorno, su preocupación fue en aumento. Incluso en el ámbito jurídico, esta preocupación se remonta a fines de siglo. Los primeros pasos para institucionalizar la Protección del Medioambiente fue la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de Recursos, que se reunió en Nueva York del 17 de agosto al 6 de setiembre de 1949. Otro evento de importancia en este proceso fue la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre Bases Científicas para el Uso Racional de los Recursos de la Biósfera, que fue reunida por la UNESCO en París, del 4 al 13 de setiembre de1968. Sin embargo, el impulso que dio comienzo al tratamiento orgánico a nivel internacional de los problemas de conservación del ambiente, fue la Resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas, preparatoria de la Conferencia de Estocolmo, el 3 de diciembre de 1968.

La institucionalización de la protección ambiental en su cabal sentido ecológico y cultural tiene, como punto de partida, la CONFERENCIA DE ESTOCOLMO SOBRE MEDIO HUMANO de 1972, convocada por las Naciones Unidas. Según esta Conferencia, el Principio número Uno, enuncia que: “El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad de vida le permita vivir con dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

A partir de esta Conferencia, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (P.N.U.M.A.), que permite la coordinación no solamente de las técnicas y de las investigaciones, sino también de los derechos. Ello ha propiciado que muchos Estados hayan introducido en sus Constituciones cláusulas reconociendo la existencia de un derecho al Medio Ambiente.

Algunos especialistas han sostenido que, siempre que un fenómeno rebasa las proporciones de lo que socialmente se considera tolerable, el Derecho es invocado para aportar soluciones. El asunto no es fácil cuando las conductas antisociales afectan intereses más complejos como la tutela del ambiente, por ello es que los legisladores han conciliado bien los intereses, desechando la falsa dicotomía entre desarrollo o conservación, habiéndose preferido la opción por el desarrollo sostenible.

II.   DEFINICION DEL DERECHO DEL MEDIOAMBIENTE. 

La doctrina jurídica discute mucho sobre este punto. No existe consenso. Pero, que debemos entender por ¿Derecho del Medioambiente? Sobre el punto MACHADO[2] dice que: “Se pueden usar términos como Derecho de Medio Ambiente, Derecho del Ambiente, Derecho Ambiental, Derecho Ecológico, Derecho del Entorno, Derecho de la Economía Doméstica Planetaria”, para caracterizar a esta rama jurídica.

Una definición extensa y compleja, la ofrece el profesor francés MICHEL PRIEUR[3] quien anota que: “El Derecho del Ambiente está constituido por un conjunto de reglas jurídicas relativas a la protección de la naturaleza y la lucha contra la polución. Ella se definepor tanto, en primer lugar por su objeto. Pero además es un derecho que tiene una finalidad, un objetivo: nuestro ambiente está amenazado, el derecho debe poder ir en su ayuda, creando sistemas de prevención o de reparación adoptadas a una mejor defensa contra las agresiones de la sociedad moderna. Entonces, el Derecho del Medio Ambiente más que hacer una descripción del derecho existente es un derecho portador de un mensaje, un derecho del futuro y de anticipación, gracias al cual el hombre y la naturaleza encuentren una relación armoniosa y equilibrada”.  

La presente definición considera que el Derecho Ambiental está constituido por un conjunto de normas o reglas jurídicas que protegen la naturaleza y “luchan contra la polución”. Puede decirse entonces que el Derecho del Medio Ambiente se ocupa de prevenir, remediar y reprimir toda conducta humana contraria a la naturaleza y su equilibrio. La conducta humana puede ser individual (por ejemplo, cuando se caza y da muerte a un animal de una especie en extinción) o colectiva (por ejemplo, en el caso de la deforestación amazónica).[4]

Otro aspecto a considerar en la definición de PRIEUR es la referencia al desarrollo de la sociedad moderna, que tiene relevancia en la problemática del Derecho Ambiental, porque debe ocuparse de regular los medios de prevención y reparación contra las agresiones que la sociedad en su conjunto comete contra el entorno. Por ejemplo, podemos pensar en la responsabilidad que tiene la humanidad entera en problemas como los del deterioro de la capa de ozono o del calentamiento global.

La definición también se ocupa de las perspectivas del Derecho Ambiental hacia el futuro. Al ser la problemática ambiental de carácter global y además por comprometer la existencia humana, el Derecho del Medio Ambiente está llamado a ser el Derecho del futuro, un derecho que vaya más allá de las nuevas normas y que se concrete en una relación fundamental: la relación hombre-naturaleza, relación sin la cual ninguna forma de vida en el planeta podrá subsistir.                  

III.   AUTONOMIA DEL DERECHO DEL MEDIOAMBIENTE 

Un estudio sistemático del Derecho del Medioambiente obliga a analizar la validez científica de la disciplina que estudia las relaciones humanas con su entorno. Es menester señalar por ello, si el Derecho Ambiental es autónomo, pues por el avance constante de las ciencias, casi todas las ramas del Derecho reclaman una supuesta autonomía.

Para VERA ESQUIVEL,[5] al Derecho del Medioambiente: “hay que considerarlo autónomo porque posee novedad en su materia de estudio, especialidad en los principios generales que la gobiernan y complementariedad en sus aspectos público y privado”[6].

Sobre la novedad en su materia, VERA sostiene: “El Derecho del Medio ambiente se ocupa de regular las conductas del hombre que lesionan su entorno. Como consecuencia, regula un ámbito que, si bien es cierto es conocido desde mucho tiempo atrás, presenta en nuestros días una nueva y compleja problemática. Fenómenos como el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global del planeta, la deforestación, el destino de los desechos químicos, entre otros, son muestras de una problemática inagotable” [7].

En cuanto a la especialidad de los principios generales que la gobiernan, VERA dice: “Existen principios como el Principio Preventivo, consagrado a partir del Arbitraje de la Fundición de Trail[8], que son reconocidos a nivel mundial, o por ejemplo, el Principio de Cooperación, que también ha sido consagrado a nivel internacional por la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el Entorno Humano y la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Y junto con ellos varios principios que la doctrina acepta, que han sido recogidos por algunas legislaciones regionales (caso de la Unión Europea) o nacionales, aun cuando no todos gozan de reconocimiento mundial (el ejemplo es el principio precautorio)”.

Finalmente, la complementariedad en sus aspectos público y privado que, en el caso del Derecho del Medio Ambiente se confunden, CAILLAUX y CAYO[9] sostienen que hay una gran relación entre el Derecho del Medio Ambiente y el Derecho Social. Recogiendo palabras de PIGRETTI, sostienen que “La división de Derecho público y privado, iniciada por los romanos y repetida por la revolución francesa como garantía de distinción entre lo público y lo privado y en tiempos napoleónicos como concepto teórico de libertad, no parece ser útil en el Derecho Ambiental. Todo lo contrario. Si en algún lugar tienen razón los críticos de esta división, es en materia ecológica. Aquí el derecho se presenta como un todo que debe regular una realidad”. 

Añaden que por ello, el Derecho del Medio Ambiente sería un Derecho Social porque tocaría la “capa más profunda del derecho, que es el derecho espontáneo de los grupos sociales no organizados y que representa un punto de vista sobre la justicia y encarna un orden que posee valor autárquico o de autosuficiencia. Ello quiere decir que los intereses colectivos o de grupo, a fuerza de establecer lazos de integración, irrumpen en la vida jurídica y obligan al Estado a reconocerlos por los mecanismos legislativos propios de su ordenamiento”[10].

VERA ESQUIVEL sostiene que “Esta concepción que el Derecho del Medio Ambiente es un derecho social, es adecuada en nuestro concepto y en nada contradice lo planteado por el tercer requisito, para obtener su carácter autónomo. Ciertamente, el Derecho del Medio Ambiente es un derecho especial, de carácter social, porque tanto a nivel nacional cuanto internacional, muestra que es una colectividad la protagonista de su regulación”[11].    

IV. ORDENAMIENTO JURIDICO

El desarrollo económico y tecnológico acontecido a partir de la segunda mitad del siglo XX ha dado pie a un progresivo, y a veces irreversible, proceso de degradación de los recursos naturales, de la fauna, flora, y en general, de todo el conjunto de elementos naturales que hacen posible nuestro sistema de vida. Esta situación ha motivado que los ordenamientos jurídicos se preocupen por regular el derecho al Medioambiente.

El ordenamiento jurídico peruano también se suma a esta tendencia y, en la Constitución de 1993 incluye el Título III, relativo a los principios rectores del Régimen Económico, cuyo Capítulo II denominado “Del Ambiente y los Recursos Naturales” en su artículo 67 destaca la afirmación de la promoción estatal de un uso racional de los recursos naturales y en el artículo 68 el reconocimiento de la obligación de conservar la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática[12], el Perú ha realizado importantes avances en materia de Legislación Ambiental, habiendo nuestros legisladores desarrollado un ordenamiento legal más ordenado y acorde con los principios internacionales del Derecho Ambiental. Una muestra de la abundante legislación, fue encontrada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en el trabajo realizado dentro del marco del Proyecto PR-5, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que identificó más de 6 mil normas legales con relevancia ambiental, dictadas desde 1904 a la fecha, estando vigentes más de 1200.

No obstante, la norma principal y ordenadora de la Política Nacional del Ambiente es la Ley Nº 286111, Ley General del Ambiente, promulgada el 15 de octubre de 2005. Dicha Ley, en el artículo I del Título Preliminar prescribe que:

“Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”.

El artículo IV del Título Preliminar de la norma en comento dispone que:

“Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia”. 

Respecto al objeto de la Ley, el artículo 1º señala que ella es el marco normativo para la gestión ambiental en el Perú, fijando los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente y sus componentes, para mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

Adicionalmente a la norma rectora del ambiente, nuestro país tiene las siguientes normas sustantivas en materia ambiental:

  • Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas[13].

  • Ley Nº 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

  • Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

  • Ley Nº 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas, modificada por Decreto Legislativo Nº 1079.

  • Ley Nº 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, modificada por Ley Nº 27104.

  • Ley Nº 27308, Ley Foresta y de Fauna Silvestre.

  • Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificada por  Decreto Legislativo Nº 1065.

  • Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Decreto Legislativo Nº 1078.

  • Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

  • Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

  • Ley Nº 28804, Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, modificada por Ley Nº 29243, entre otras normas.

*   SANTIAGO GRAU LEON, abogado, con estudios de Maestría en Gestión Municipal y Desarrollo Local y Doctorado en Derecho. Actual Asesor Legal de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.


[1]  Rivera Muñoz, Jorge L. “Educación, Ecología y Desarrollo”, Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Edición Primera 1999, pág. 86-87.

[2]  Machado, Paulo Alfonso Leme, “Direito Ambiental Brasileiro” Sao Paulo, Editorial Revista dos Tribunais, 1982, pág. 318.

[3]  Prieur, Michel, tomado de Machado, Paulo, ob. cit., pág. 4.

[4] Martín Mateo, Ramón, “Derecho Ambiental”, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1977, pág. 79. Martín Mateo insiste en el criterio de la conducta humana como eje de la preocupación ambiental: “El Derecho Ambiental incide sobre conductas individuales y sociales para prevenir y remediar las perturbaciones que alteran su equilibrio”.

[5]  Vera Esquivel, Germán, Negociando nuestro futuro común”, 1era. Edición, Fondo de Cultura Económico, 1998, pág. 42.

[6]  En este punto Vera sigue el pensamiento de Manuel Villa-García Noriega, quien glosando al italiano Ambrosini señala: “Son tres los elementos que permiten establecer con seguridad, que existe una nueva rama autónoma del Derecho: a) La novedad orgánica de la materia, b) La especialidad de los principios generales que la gobiernan, y c) La complementariedad en sus aspectos público y privado”. Villa-García Noriega, Manuel, “EL Derecho Turístico, un nuevo Derecho Autónomo”, Editorial THEMIS,  Revista de Derecho, Lima, 2da. Época, Número 5, Diciembre 1986, pág. 44.

[7]  Ibíd. pág. 43.

[8]  Problema de contaminación transfronterizo que surge en 1896, cuando en la zona conocida como Trail, ubicada en Canadá, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos, se instala una fundición de zinc y plomo, cuyas emanaciones tóxicas, por acción del viento, se desplazaron hacia la foresta estadounidense, dañándola. El caso fue sometido a una Corte Arbitral que pronunció dos fallos: En 1938, ordenó a Canadá el pago de una indemnización cuantiosa por los daños producidos. La otra sentencia, dada en 1943, obligó a Canadá el cese de las actividades de la Fundición.

[9] Caillaux, Jorge y Cayo de Abreu, Javier, “El Medio Ambiente y su protección jurídica en el Perú. Un primer análisis. Tesis PUCP, 1978.

[10]  Vera Esquivel, ob. cit. pág. 44.

[11]  Ibíd. pág. 45.

[12] Instituto Nacional de Estadística e Informática: Perú Estadística del Medio Ambiente, 2000.

[13] Mediante la Ley N° 29338, se promulgó la Ley de Recursos Hídricos, derogando el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas.